Universitarios Melillenses piden que España recupere territorio "invadido" por Marruecos
Melilla, 12 ago (EFE).- La Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios (AMEU) ha pedido hoy que España emprenda las "acciones oportunas para recuperar la zona neutral que debería existir" en las inmediaciones del puesto fronterizo con Marruecos.En un comunicado de prensa, el presidente de AMEU, José Valdivieso, ha salido en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que "es incierto que la Policía española maltrate a la población marroquí que atraviesa los puestos fronterizos para acudir a nuestra ciudad".
"La única realidad es que la policía marroquí agrede y roba a diario a sus propios paisanos", ha dicho Valdivieso, que ha insistido en que "es incierto que la Policía española se haya adentrado en territorio marroquí", sino que "en todo caso, habría pisado la zona neutral que debería existir entre Melilla y Marruecos, y jamás lo hace".
Según el responsable de AMEU, "la única realidad es que Marruecos ha invadido esa zona y hace y deshace a su antojo en esta considerable franja de tierra que no es suya".
Valdivieso ha opinado que "es hora de que el Gobierno central exija el cumplimiento de los Tratados Hispano-Marroquíes de 1859 y 1860" y "que no vuelva a repetirse ni una sola polémica en torno a los puestos fronterizos de Melilla".
Según los tratados, debe haber 500 metros de zona neutral entre Melilla y Marruecos, "la cual no existe en la actualidad debido a que nuestro vecino se la ha anexionado unilateralmente y España no hace nada para poner fin a esta indignante invasión territorial que sufrimos".
"O los 500 metros no son de nadie, o se reparten al 50%, pero que no nos lo roben y encima nos acusen de invadirles", ha concluido AMEU.
A Zapatero sólo le resta escoger si se quiere hundir solo o con todo el PSOE
Si la brecha con el PP de Rajoy sigue aumentando, el desastre electoral arrastrará a varios barones autonómicos.

Lo que esa variopinta serie de estudios indica es que, en primer lugar, el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebrasen ahora mismo, y en segundo, que tiene toda la traza de ganarlas en un plazo medio porque el desgaste del Gobierno está consolidando un vuelco político.
La última y recién conocida oleada del CIS señala, además, que la relativamente baja valoración de Mariano Rajoy no influye demasiado en esa expectativa de triunfo, porque la imagen y el crédito de Zapatero se han desmoronado y la gente ha dejado de creer en sus maniobras tácticas.
También indica el sondeo que la intención directa de voto del centro-derecha es ya sensiblemente superior a la de los socialistas; y por último, revela que el instituto de opinión oficial maneja de forma discrecional sus propias proyecciones, cocinando a la baja los resultados del PP porque no se los acaba de creer del todo.
En realidad, la ventaja probable -y la que habría reflejado cualquier otro estudio a partir de los mismos datos- es de unos diez puntos, o sea, una verdadera paliza; pero el CIS, que dispone de los mejores encuestadores y de la mejor red de campo de España, tiende a corregir sus cifras con un criterio político.
A lo mejor, sin embargo, está en lo cierto y cuando lleguen las elecciones el PSOE consigue recortar la distancia hasta esos cinco o seis puntos que ahora mismo parece haberse sacado de la manga con un sesgo favorable al Gobierno socialista.
Con esas perspectivas tan poco alentadoras para sus intereses, es evidente que el único recorrido político viable para Zapatero consiste en principio en sostener «como sea» la legislatura a ver si le mejoran un poco las expectativas, y no adelantar de ningún modo unas elecciones que a día de hoy tiene más perdidas que el famoso barco de arroz de Perón en la autarquía franquista.
Pero si la brecha sigue aumentando va a tener que tomar una decisión dolorosa: elegir por cuánto quiere perder y ponerle fecha a la derrota.
Quizá ésa sea su última prerrogativa, aunque está por ver si tendrá la responsabilidad suficiente para comprenderla.
El monopolio y el conflicto aéreo
Lo que vienen exigiendo los controladores, tomando a los ciudadanos como rehenes, no es ni su salud mental ni la seguridad en el tráfico áereo, sino un jugoso "corralito" que debería ser disuelto por la privatización de Aena y la liberalización del sector

No le falta razón al ministro de Fomento, José Blanco, al considerar que los controladores aéreos que sufren "ansiedad" o "estrés", por lo que no es más que un recorte de las injustificadas prebendas que han venido disfrutando durante años, no deberían continuar ejerciendo más esta profesión. Ciertamente, si estos profesionales se resienten psicológicamente por unos recortes que les sigue permitiendo cobrar de media un cuarto de millón de euros por unas 1670 horas trabajadas al año, lo mejor es que se dieran de baja definitivamente. El problema, sin embargo, es que la catarata de bajas médicas que se están produciendo estos días no es más que un cuento chino, una huelga encubierta para presionar a la administración en unos momentos en que el perjuicio a los ciudadanos y al turismo es mayor y, por tanto, también es mayor su capacidad de presión.
Hay que reconocer, no obstante, que buena parte de la culpa de este conflicto, que aun en menor intensidad hemos padecido en años anteriores, lo tiene el hecho de que AENA es un organismo público y monopolístico que determina las condiciones salariales y laborables de los controladores por ley y que no tiene que someterse a los imperativos de un mercado liberalizado y competitivo. Inserto en ese monopolio está también el hecho de que es el propio colectivo de los controladores el que regula –más bien, estrangula– el acceso a su propia profesión. En este sentido, la desfachatez de los controladores es doble: si es verdad –como ahora alegan– que falta personal en los aeropuertos españoles, ello es consecuencia directa de esas barreras de entrada que ellos mismos han fijado. Es precisamente esa coactiva ausencia de competidores en su propia profesión lo que les ha permitido ganar hasta 375.000 euros al año repartiéndose horas extraordinarias.
Lo que ahora –y en años anteriores– vienen reclamando los controladores aéreos, tomando a los ciudadanos como rehenes, no es ni una mejora en su salud mental ni en la seguridad en el tráfico áereo, sino un jugoso "corralito" que debería ser radicalmente disuelto por la privatización de Aena y la liberalización del sector. Esta es una tarea que, como la ley de huelga, han dejado pendiente todos los gobiernos de la democracia. Esperemos que tras el eventual recurso a corto plazo a los controladores del Ejército y tras las necesarias diligencias que ha de tomar la Fiscalía por los previsibles fraudes en las bajas médicas, se dé paso a unas reformas que permitan aprobar de una vez esta conflictiva asignatura.
